Domingo 9 de Agosto de 2020

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22 de julio de 2020

NOTA DE OPINIÓN: LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CAPITANICH ES INAPLICABLE

La Ley de Seguridad Pública del Chaco (LSP) N° 2011-J (antes Ley N° 6976), ha sido incumplida sistemáticamente por el Poder Ejecutivo (P.E.) que promovió su aprobación, al no alcanzarse las metas establecidas, y principalmente no implementarse los nuevos institutos aprobados.

El nuevo modelo de seguridad sistémica no pudo aplicarse y tiende a caer en desuso. Por ejemplo corrieron esta suerte: el Consejo Provincial de Seguridad Pública, el Secretario de Seguridad Pública y los informes anuales de este a la Cámara de Diputados, además de los nuevos órganos de control del sistema de seguridad: la Dirección de Control Policial y el Tribunal de Disciplina, la Defensoría del Policía, el Observatorio sobre Violencia y Seguridad Pública de la Provincia, y el Instituto Superior de Seguridad Pública, entre otros. El proceso de implementación de la LSP dependió siempre de la voluntad y la decisión política del P.E., y aunque el Cr. Jorge Capitanich prometió una y otra vez aplicarla, no lo hizo durante su segundo y en lo que va de su tercer mandato como Gobernador. ¿Por qué sigue insistiendo entonces con aplicar un modelo orgánico que al momento de sancionarse ya se sabía que había fracasado? Una de las respuestas sería, a la luz de los hechos y el tiempo transcurrido, que Capitanich pretendió enarbolar a la seguridad democrática solo en el discurso, pero en los hechos ejecutó políticas de control policial, gestionando en un Estado cuasi-policíaco. Esto se observa claramente cuando se asignan numerosos policías para custodiar dependencias de los tres Poderes del Estado, diversos organismos públicos como ser hospitales, dependencias del Ministerio de Educación y la propia Casa de Gobierno, siempre fuertemente custodiada. El control de accesos es realizado por policías, se instalan a menudo rejas y vallas, y suelen permanecer en apresto en los alrededores grupos especializados como ser infantería, caballería, camión hidrante y el C.O.E., dispuestos a repeler diversas manifestaciones públicas. El policiamiento del Estado es una política que se aplica hace muchos años en el Chaco, inclusive antes de Capitanich. Es un emergente del fracaso de las políticas públicas en materia económica, social, educativa y sanitaria. Los policías apostados en lugares fijos se detraen de la seguridad pública en general. Existe un policiamiento focalizado en detrimento de la prevención general del delito, que es la misión esencial y la regla general que debería seguir la Policía. En su evolución, este modelo de policiamiento mostró a una Policía más al servicio del Gobierno de turno, y cada vez menos al servicio de la comunidad. La Policía, durante este proceso, cumplió con las decisiones emanadas del P.E. Capitanich utiliza a la Policía como si fuera una guardia pretoriana, y a su vez desvaloriza y humilla a los policías chaqueños. No los considera trabajadores. Para él serían miembros de una fuerza con escasa formación y capacitación profesional, que merecen ganar sueldos miserables. Y nada más alejado de la realidad. La Policía tiene y contó siempre con excelentes profesionales en seguridad pública. Absolutamente todos los policías en actividad de hoy fueron formados durante gobiernos democráticos. Y en los casi nueve años de gobierno de Capitanich se incorporaron, se formaron y se capacitaron miles de policías. Ahora que el Gobernador no quiera reconocerlo es otra cosa. Y a los ejemplos me remito. Capitanich descreyó de su Policía y recurrió al porteño Marcelo Saín, su consultor estrella para la elaboración de la nueva LSP en 2012. Y Saín no hizo otra cosa que venderle un proyecto enlatado, una especie de “copie y pegue”. Un calco de las leyes que se aprobaron en Buenos Aires, Mendoza y la PSA, y que se aplicaron con resultados desastrosos. ¿Por qué no se pudo aplicar hasta ahora la Ley? Una de las claves para entender por qué no se la pudo aplicar está en la reforma orgánica sancionada el 05/12/2001, Ley N° 4987, actual N° 1179-J del Digesto, elaborada en el marco de una Comisión Especial Legislativa que contó con la participación activa de una comisión de estudio y análisis integrada por policías. Esta norma había reemplazado al viejo modelo orgánico de 1970, la ex Ley N° 1010. Fue reglamentada e implementada por un equipo de funcionarios policiales que contó con el asesoramiento y monitoreo de profesionales expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.N.E., en un proceso que duró cinco años de trabajo. Pocos años después, con el fuerte impulso político de Capitanich, se sancionó en un trámite exprés la LSP. No se realizó un análisis y estudio previo con la profundidad necesaria, y no se permitió participar a los policías a quienes se dirigió una reforma tan engorrosa como inaplicable. En cambio, la estructura orgánica establecida en la Ley N° 4987 fue internalizada, formaba y forma parte de la cultura organizacional de la fuerza policial chaqueña, algo que no fue tenido en cuenta por Capitanich. El sistema pergeñado por Saín no logró quebrar y derrumbar el modelo de seguridad pública elaborado en 2001 por policías y legisladores chaqueños, y aún se lo aplica a pesar que hace 8 años está vigente un nuevo modelo orgánico. Capitanich también habría abrevado en la doctrina de Derechos Humanos de Quique Font, un consultor de la provincia de Santa Fe, como fuente del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco que ahora pretende modificar. Como si en nuestra provincia no existieran expertos en materia de Derechos Humanos, y juristas de nota capaces de asesorar sobre una legislación acorde con la organización política y social del Chaco. El Gobernador debería confiar más en los chaqueños, en los profesionales universitarios de la U.N.N.E., U.T.N., y U.N.C.AUS., en los legisladores provinciales, y en su Policía. Los proyectos de extraña jurisdicción no siempre son aplicables en una provincia como el Chaco. *Cr. Livio Fernández Secretario General Policías Autoconvocados por un Salario Justo

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