Lunes 10 de Agosto de 2020

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4 de diciembre de 2019

VILLA ÁNGELA: JUEZ CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 ACLARA SOBRE DESALOJO

El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Villa Ángela, Iván Malina, informa que recién desde el 26 de junio de 2017 comenzó su intervención en el expediente 64/08 “Romero, Claudia Guadalupe c/ Luis Miguel Enakieff, Paula Solange Vargas, Silvia Mabel Peralta y/o quien resulte responsable s/ interdicto de recobrar la posesión”, momento en el cual la causa ya contaba con orden de desalojo firme y consentida.


 
El expediente se generó el 11 de febrero de 2008 y la sentencia fue dictada el 12 de octubre de 2010 por la entonces titular del Juzgado Civil y Comercial. Posteriormente se agotaron todos los trámites recursivos y la sentencia fue confirmada por sentencia Nº 196/12 de la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia.
 
Malina precisó que la sentencia de 2010 “dejó establecido que la actora ha probado que tenía la posesión del lote de terreno en cuestión, y que el demandado efectuó actos de despojo o desposesión, al proceder a realizar una construcción, sin invocar ni acreditar contar con algún derecho para ello, de lo que se deduce claramente la intención de apartar a la actora del ejercicio de sus derechos posesorios”. 
 
Asimismo, añadió: “la gran cantidad de presencia policial depende del criterio que tome el comisario a cargo del operativo, sobre el que no tengo injerencia”; y que fue “la policía quien dispuso esa medida por el antecedente de amenazas hacia la integridad de los menores y del personal interviniente”.
 
Recorrido de la causa
El 20 de noviembre de 2012 se hace saber el nuevo juez que tendrá a su cargo el expediente, en virtud de la división del organismo en los juzgados Civil y Comercial Nº 1 y Nº 2. Además “se intimó a los demandados para que en el término de 5 días de notificados den cumplimiento a la sentencia restituyendo el inmueble libre de todo ocupante, bajo apercibimiento de librarse mandamiento de desahucio”.
 
Malina precisó que, a partir de que se hace cargo de la causa, ocurrieron los siguientes hechos: el 30 de agosto de 2017 ordena una constatación de las personas que habitan el inmueble “atento al tiempo transcurrido y por la posibilidad de que existan menores de edad”.
 
El 7 de diciembre del mismo año ordenó que antes del desahucio, “y con la debida antelación”, se notifique a la asesora de menores y la UPI para que tomen las medidas de resguardo.
 
Posteriormente, el 21 de junio de 2018, se libra la orden para cumplimentar el desalojo. Esta medida queda suspendida el 6 de agosto “por no contar con la presencia de la asesora de menores y resguardar así las garantías de los menores”.
 
Luego, el 12 de septiembre de 2019, se ordena un nuevo desalojo dado que no se logró el abandono voluntario de la vivienda. 
 
El 1 de noviembre la asesora de menores y la UPI informan que existe una posibilidad “seria y atendible” de un abandono voluntario del inmueble. Ante esto, el juez subrogante suspende por única vez, durante 20 días corridos, la medida fijada para el 4 de noviembre desde la fecha de notificación. 
 
Finalmente, el 3 de diciembre, el juez Malina es notificado telefónicamente que se procedió al desalojo porque venció el plazo sin que las personas se retirasen voluntariamente.

 

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