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17 de diciembre de 2017

UN AÑO SIN MAIRA BENÍTEZ: SEIS IMPUTADOS, LA PISTA DE UNA RED DE TRATA Y EL PROBABLE CAMINO HASTA LA CORTE

Son tres los detenidos, otros tres siguen ligados al proceso pero en libertad y un voluminoso expediente, que después de declarar una jueza de Villa Ángela la incompetencia, tiene la palabra para determinar si Maira Benítez fue captada por una red de trata de personas, el juez federal subrogante Aldo Alurralde. Una causa muy compleja de las últimas décadas, que hasta obligaría intervenir a la Corte Suprema de Justicia, para resolver qué jurisdicción tendrá que seguir al frente de la investigación.

Qué Rodrigo Silva, su padre Catalino y Gabriel Cáceres saben lo que pasó con Maira Benítez (18) hace hoy un año, no hay dudas para las fiscales Gisela Oñuk y Silvana Rinaldis, a cargo de la instrucción – una vez que se inhibió- Sergio Ríos. Los tres están con prisión preventiva, luego de agotados todos los caminos recursivos de sus respectivos defensores.   Además, también están complicados Sergio Coria, Ramón Cáceres –ambos consiguieron el cese de prisión- y Belén Ledesma, que estuvo pocos días detenida con prisión domiciliaria, pero como está imputada de encubrimiento, se le concedió la libertad.   Los cinco hombres están acusados de coautores de privación ilegítima de la libertad y trata de personas, lo último agregado por las fiscales antes de requerir la incompetencia. Al fin de cuentas, el expediente a 365 días de la misteriosa desaparición de la mamá de una nena de 4 años, volvió a la justicia federal: al mismo estrado de Aldo Alurralde, juez subrogante de Sáenz Peña, quien entendió en su momento, que no era un delito que debía investigar su jurisdicción y debieron seguir con las pesquisas, Oñuk y Rinaldis. A las que hace unos días, la jueza de Garantías, Yolanda Alvarenga Gómez de Samela, les dio la razón: “No hay ningún comprobante que se trata de un homicidio, no se encontró cuerpo, o algún rastro que se trate de un homicidio, por lo que en esta etapa de probabilidad y provisoriedad estaríamos ante un caso de trata de personas”, dijo a NORTE la magistrada.   ¿Silencio cómplice?   Maira fue vista subir en las primeras horas del 17 de diciembre de 2016 en el auto de Silva, estaba su amigo Cáceres también. Sobre su paradero se tejieron diversas hipótesis, ni la recompensa de 500 mil pesos ofrecida por el gobierno provincial ha permitido reunir información comprobable. Para la familia, muchos llamados fueron para “plantar pistas falsas” en beneficio de los detenidos, que guardan silencio a favor de “poderosos”.   La razón de las dudas que Antonia Leiva Morán, mamá de la joven, se centra a partir del lugar donde trabajaba el principal sospechoso. En el campo del exjuez Eduardo Costas, en el lote 11, allí donde hubo una docena de procedimientos que incluyeron perros rastreadores de las policías de Chaco y Santiago del Estero, y por último la división K9 de Punta Alta (Buenos Aires). Para los investigadores, no existen dudas que Maira fue llevada al campo del exjuez. Porque los caninos de los bomberos de la ciudad bonaerense marcaron en varios lugares de la casa donde estaba Silva, y además, en la cama del exjuez Costas, que según su declaración testimonial, únicamente él tenía llave y Rodrigo no entraba. ¿Entonces por qué los perros olfatearon la cama? También los canes – marcaron en el baúl del auto- que abordó Maira esa mañana del 17 de diciembre del año pasado. A todo esto, las sospechas de Morán se incrementan, cuando los K9 condujeron hasta el rancho de un campo cercano al de Costas, hallándose en una cajita de vino, un papel con los nombres de “Maira, Jackie y Karla” , mencionándose: “pedir la llave al puestero Rodri”. Estas pruebas, hicieron retomar la pista de la trata de personas, y las fiscales Oñuk y Rinaldis, solicitaron la incompetencia.   “Pluito”, el extranjero   Además, dos semanas antes de su desaparición, según pudo comprobarse por las pericias de expertos policiales, que Maira había tenido varias charlas a través de su cuenta Facebook con un supuesto ecuatoriano. El nombre de usuario “Pluito” y mediante Embajada y Cancillería se pidió información a Ecuador. Hasta el momento no hubo respuestas.   Pero para las representantes del Ministerio Público, esa posibilidad está casi descartada, al menos de que la joven dejó el país por voluntad propia, para encontrarse con el ecuatoriano. Desde Migraciones, puestos fronterizos y Ministerio del Interior no surgen datos compatibles biométricos con Benítez.   Hoy se cumple un año de su desaparición, el expediente de 44 cuerpos, está en el juzgado federal de Sáenz Peña, Alurralde tendrá que expresarse, y quede la incógnita si lo hará en plena feria judicial. En caso que no comparta el criterio de su par Alvarenga Gómez de Samela, la cuestión será dirimida ante la Corte Suprema de Justicia, como tribunal común que presentan ambas instancias.   Norte

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